Seguro de responsabilidad civil para directivos y altos cargos

La confianza en tus decisiones, desarrolla tus proyectos con total tranquilidad.  Con la reforma del código penal del pasado año 2010, se han incrementado los delitos y las penas de los administradores y directivos basándose en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ello, con el fin de prevenir riesgos, evitar sorpresas desagradables y, fundamentalmente, facilitar tu tranquilidad en los procesos de toma de decisiones, este tipo de seguros, también conocidos por su abreviatura D&O (directors and officers), están diseñados para ofrecerte cobertura jurídica y proteger tu imagen y tu patrimonio ante posibles reclamaciones derivadas de la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada como gestor procedentes de la Administración, la propia empresa, accionistas, empleados, reguladores, liquidadores o acreedores. Las reclamaciones más frecuentes se basan en falta de supervisión o negligencia en la gestión, mobbing, mala decisión en la compraventa de sociedades o activos, insolvencia, incumplimiento de contratos, etc. Te informamos sobre la compañía aseguradora que mejor se adapta a tus necesidades y te asesoramos personalmente sobre las consecuencias que pueden tener tus decisiones y qué coberturas te pueden proteger ante estos riesgos.

¿A quien va dirigido?

A los administradores de empresas, es decir, los titulares del poder de representación de la corporación. También a los directivos de estas, o sea, aquellos que desarrollan funciones de alta gestión bajo la dependencia directa de los primeros. En ambos casos con independencia del tamaño de la empresa o el volumen de facturación, ya que los administradores y directivos de cualquier PYME están expuestos a los mismos riesgos que los de una multinacional, puesto que se aplica el mismo régimen de responsabilidad.

Coberturas

Además de las indemnizaciones a las que tenga que hacer frente el directivo, se incluyen coberturas como el abono de gastos de defensa, de fianzas civiles, de gastos de constitución y mantenimiento de fianzas penales y de multas administrativas que se pudieran derivar. También abono de los gastos de restitución de imagen mediante servicios de relaciones públicas, de los gastos de investigación, etc.

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